Un dato perdido en la maraña de números de una nota publicada el sábado pasado en el diario La Nación puso en estado de alerta a la comunidad cinematográfica argentina.
El artículo hacía referencia a la idea que tiene el gobierno nacional “para bajar algunos impuestos”. Para ello, se menciona que contrató como asesora a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), uno de los centros de estudio con mayor renombre en el establishment que propone “disminuir el IVA de 21% al 19%”, entre otros aspectos económicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pensando en la reforma fiscal, tuvo el guiño del presidente Mauricio Macri para contratar a FIEL.
El documento de la fundación liberal propone reducir, además, otros impuestos. En lo que respecta al séptimo arte, sugiere eliminar la tasa del 10 por ciento que recae sobre las entradas de cine.
El Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya administración está a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se integra según la ley respectiva “por un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) del precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y cualquiera sea el ámbito donde se efectúen”, entre otros importes que lo componen. Una de las tareas principales del Incaa es, precisamente, la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya función fundamental es alentar la producción argentina mediante el otorgamiento de créditos, subsidios y “en la aplicación del resto de las herramientas que a tal fin se establecen en la normativa vigente”, según la propia página del Instituto se encarga de resaltar. Vale destacar que gran parte de la producción cinematográfica nacional depende del Fondo de Fomento por los elevados costos que implica realizar una película y porque sólo en algunas ocasiones se logra también realizar coproducciones con empresas extranjeras y, en consecuencia, recibir aportes del sector privado.
Ante la información que empezó a circular –que no fue desmentida por el gobierno nacional ni por las autoridades del Incaa–, distintas entidades comenzaron a expresarse. Uno de los comunicados pertenece a asociaciones representativas del sector cinematográfico y las firmas están encabezadas por la de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, entidad encargada de elegir la película representante del cine argentino para competir en los premios Oscar y Goya.
Actualmente la Academia está presidida por el productor Axel Kuschevatsky y por el cineasta Juan José Campanella, anterior presidente y actualmente vicepresidente primero. También firman el comunicado la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), la Asociación de Directores de Cine PCI, la Asociación de Productores Acervo, la Unión de la Industria Cinematográfica (UIC), la Asociación General de Productores (Asoprod), la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC), la Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual de Rosario (Cepiar) y la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Cadicine).
Parte del comunicado señala: “(…) el cine argentino está viviendo un momento de gran madurez y genera admiración en los cinco continentes. Es por eso que leemos con inquietud y preocupación las versiones periodísticas como la publicada en La Nación el sábado 4 de febrero”. “Quizás quien no pertenece al sector desconoce que el cine argentino utiliza fondos generados por el propio sector audiovisual sin intervención de impuestos generales. Es decir, una estructura que se sostiene a si misma”. En el párrafo siguiente, las entidades firmantes dejan clara su posición: “La eventual eliminación de este gravamen tendría un impacto negativo enorme en el sector sin compensación alguna en los fondos públicos ni el bolsillo de los contribuyentes. Como representantes de una industria que trabaja todos los días para que Argentina tenga reconocimiento internacional, queremos expresar nuestro inmediato rechazo a cualquier medida como la mencionada”.
Las asociaciones de documentalistas titularon su comunicado “El cine argentino en alerta”. Si bien es escueto, también es contundente. Luego de mencionar la nota periodística, señala: “Las Asociaciones Nacionales de Cine Documental abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación. Esta medida atenta directamente contra el Fondo de Fomento del Incaa, establecido en la Ley 17.741, poniendo en peligro la producción nacional y miles de puestos de trabajo genuinos. Por tal motivo convocamos a la comunidad toda a mantenerse en estado de alerta”. Está firmado por Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina –entidad más conocida por sus siglas ADN–, DocuDAC (los documentalistas de una de entidades más históricas: Directores Argentinos Cinematográficos) Directores Independientes de Cine (DIC), Documentalistas de Argentina (DOCA); Proyecto Cine Independiente (PCI), Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI) y
la Red Argentina de Documentalistas (RAD).
La Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA-APMA) y el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) también hicieron pública su preocupación: “Enterados públicamente de la reforma tributaria (…) nos vemos en la necesidad de advertir que este impuesto, que permite fomentar nuestra industria cinematográfica y el arte y cultura nacionales que nos representan a través de ella, de ser suprimido conllevaría a la aniquilación del Cine Argentino, causando la pérdida de miles de puestos de trabajo de Técnicos, Actores, Extras, Directores, Músicos, Autores, más toda la mano de obra ligada a esta actividad”. Los sindicatos del sector firmantes también se manifestaron “en rechazo de las recetas de tecnócratas que buscando recaudar, se oponen a la expansión de una industria cultural que nos representa internacionalmente y que genera orgullo a quienes la sostenemos”.
Por otro lado, la Multisectorial que nuclea, entre muchos otros, a Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Argentores, Actores, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Sutep y SICA, informó que el Consejo Ejecutivo convocó a la primera reunión del 2017 para mañana a las 15 hs en la sede de Argentores (Pacheco de Melo 1820), con el propósito de dar tratamiento a los temas aprobados y promovidos en el 4° Encuentro Federal Multisectorial de Mar del Plata, pero también se analizarán los pasos a seguir tras al tema mencionado párrafos arriba. Asimismo, algunas universidades ya comenzaron a hacerse eco del peligro que significaría una medida como la que analiza el gobierno. En ese sentido, el Departamento Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), difundió su propio comunicado en relación a la idea de eliminar el aporte del 10 por ciento de las entradas de cine, titulado “El cine argentino en peligro” y en el que manifiesta “su preocupación a la vez que un firme rechazo a permitir este avasallamiento, el cual daría por resultado inmediato la desaparicion del cine y la produccion audiovisual argentina que conocemos. Este aporte proveniente de las entradas de cine, hace posible el cine. Sin él, la comunidad audiovisual por entero peligra, y las películas que año a año nos representan en el mundo entero, desaparecerán”.
Fuente: Página 12
